Descripción

A partir del golpe de Estado de 1973 y teniendo como base ideológica la Doctrina de Seguridad Nacional, se implementó en Chile un Estado represivo que tuvo por objetivo eliminar cualquier amenaza al nuevo orden establecido y castigar a simpatizantes y dirigentes del gobierno del Presidente Salvador Allende, recurriendo para ello a la detención, la tortura, el asesinato y el exilio, entre otras medidas de fuerza. Desde entonces, se llevó a cabo en Chile una política sistemática de violación de los derechos humanos, a través de las gobernantes Fuerzas Armadas y Carabineros, destinando para ello a efectivos uniformados, funcionarios civiles, presupuesto público, creando instituciones represivas y disponiendo de diversos lugares para concretar el abuso.

Uno de los sitios más emblemáticos de la represión de estos años fue el puerto de Pisagua, que ya había sido utilizado como escenario de castigo contra prisioneros políticos durante los gobiernos de Gabriel González Videla (entre 1947 y 1948) y durante el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (entre 1952 y 1958). Por su ubicación geográfica, este pueblo aislado, costero y rodeado por el desierto, cumplía con la pretensión estratégica de ocultar estas políticas de horror.

Se dice que el 18 de septiembre de 1973 desembarcaron del mercante Maipo los primeros 50 prisioneros, provenientes desde Valparaíso. Durante la Dictadura Militar, Pisagua albergaría en total a más de 800 prisioneros, de los cuales 24 habrían sido ejecutados.

Diferentes edificaciones y lugares de este pueblo conformaron el campamento de prisioneros, como la ex Cárcel Pública y actual Hotel de Pisagua (también Monumento Histórico); el edificio del Mercado; el Teatro Municipal, donde los prisioneros debían representar obras teatrales o musicales a las que asistían otros detenidos, militares y personas del pueblo; y la Escuela de Pisagua, que fue el lugar donde funcionó la Fiscalía Militar y se realizaron los Consejos de Guerra de los años 1973 y 1974.

La Multicancha Deportiva de Pisagua, según consta en los testimonios recopilados por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación fue utilizada, desde septiembre de 1973 hasta octubre de 1974, como lugar de tortura y castigo para detenidos, quienes eran expuestos a la intemperie a altas temperaturas durante el día y a muy bajas temperaturas en las noches, entre otros métodos.

Muchos de estos prisioneros fueron ejecutados y enterrados ilegalmente, sin siquiera informar a sus familiares sobre su destino. Durante todo el proceso de búsqueda de los desaparecidos y de la demanda por justicia, la información proporcionada por testigos de las ejecuciones dieron las pistas suficientes para que la Vicaría de la Solidaridad presentara ante el Juzgado de Pozo Almonte una denuncia por inhumación ilegal el 31 de mayo de 1990.

Al día siguiente, el magistrado Nelson Muñoz se constituyó en el lugar. Dos días después hallaron la fosa con 21 cuerpos de prisioneros políticos. La sal del desierto conservó los cuerpos, con sus ropas y con los amarres y vendas con que fueron fusilados. Las claras muestras del impacto de balas acusaron a los mandos militares de la época.

La memoria histórica de nuestro país merece que se otorgue el reconocimiento y protección oficiales a bienes del patrimonio asociados con el dolor, que están llamados a cumplir un importante rol en la reconciliación de nuestro país y en la educación y promoción de los Derechos Humanos.

REFERENCIAS:
Decreto DE 0466 (2008)
http://www.monumentos.cl/catalogo/625/articles-36895_documento.pdf

Memoria Chilena
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-92415.html

Memoria y Justicia
http://www.memoriayjusticia.cl/espanol/sp_enfoque-pisagua.html