Descripción

Tras la publicación del informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Informe Rettig, en marzo de 1991, la continuidad de su trabajo quedó a cargo de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), constituida por la Ley Nº 19.123 en 1992 y dependiente del Ministerio del Interior, que elaboró su propio Informe sobre la calificación de víctimas de violaciones de Derechos Humanos y de violencia política en 1996. En el marco de las tareas de reparación y reconciliación nacional, impulsadas por el Estado, los Tribunales de Justicia chilenos instruyeron investigaciones que buscaron el esclarecimiento de los crímenes perpetrados entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Una de las organizaciones que recibió la indicación de trabajar en este ámbito de, manera concreta fue la PDI, que a través de la conformación de distintos y sucesivos equipos de investigación desde 1991 hasta 2007, generó un conjunto de documentos para dar cumplimiento a las órdenes judiciales de investigar a las víctimas, testigos y victimarios.

La Jefatura Nacional de Delitos Contra los Derechos Humanos y las Personas (Jenadep) tiene un fondo documental con información relativa a los centros de detención clandestinos utilizados durante el régimen dictatorial, estructuras de los servicios de inteligencia que operaron en el mismo período, declaraciones y testimonios de víctimas, testigos y victimarios, fotografías de ex agentes, entre otros. En la actualidad estos documentos son consultados de modo permanente, para las investigaciones instruidas por las diferentes Cortes de Apelaciones de nuestro país.

En 2008 la profesional del Archivo Nacional de Chile Sra. Patricia Huenuqueo y el académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile Sr. Rodrigo Sandoval, realizaron un catastro del archivo que alcanza un volumen aproximado de 50 metros lineales de documentos en soporte papel, clasificado en series documentales que se conservan en empastes, carpetas, archivadores y cajas ordenadas en estanterías.

Con posterioridad al terremoto de 2010 y debido a los sucesivos traslados de los que ha sido objeto el acervo documental, cabe la posibilidad que se haya producido pérdida de documentos, hasta ahora no identificadas. Las profesionales del Archivo Nacional de Chile, Sras. Patricia Huenuqueo y Natalia Ríos, en octubre de 2016 entregaron un informe con una clasificación del conjunto de documentos basada en el informe correspondiente al año 2008, estableciéndose un importante retroceso respecto del estado de organización anterior.

El fondo documental se encuentra sin proceso de conservación preventiva, sin catalogación, sin digitalización y solamente con propuesta de clasificación. En una primera aproximación, la documentación presenta un buen estado de conservación general, aunque se han detectado indicios de falta de control en la manipulación y almacenaje. La habitación que contiene al conjunto de documentos funciona como depósito.