Descripción

En la Alameda de Ovalle, a un costado de Ariztía Poniente, entre las calles Benavente e Independencia, se emplaza este memorial en homenaje a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Consiste en una estructura de hormigón, sobre una base del mismo material, y una gran placa de mármol con los nombres de las víctimas, firmado por la Directiva de la Agrupación de ex presas, presos, torturados y perseguidos políticos de la provincia de Limarí, el 24 de marzo de 2007.

El golpe de Estado de 1973 inauguró un período represivo sin antecedentes en nuestro país. Habida cuenta de la robusta organización popular en el seno de los partidos tradicionales de izquierda, al momento de derrocar al gobierno de la Unidad Popular, los militares de las tres ramas castrenses más las fuerzas de orden desataron una represión sistemática sobre estos sectores, caracterizada por la prisión política, la tortura, las ejecuciones y la desaparición de los cuerpos; todo esto en el marco de la doctrina de seguridad nacional con que la CIA educó a las fuerzas armadas de los países latinoamericanos durante los años '60, '70 y '80. Según los informes Rettig (1990) y Valech (2003, 2010), entre los años 1973 y 1990, los agentes del Estado chileno asesinaron o hicieron desaparecer a más de 3 mil personas, y sometieron a prisión política y torturas a 40 mil. Si bien estas acciones fueron producto de una doctrina sistemática de las fuerzas armadas, hubo dos organismos legales encargados de la represión: la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, que operó entre 1973 y 1977, y la Central Nacional de Informaciones, vigente entre 1977 y 1990.